Carta de OPROMAR a la administración para pedir soluciones a los efectos del COVID-19

 In COVID-19, Opromar, Pesquerías

Se remitió en el día de ayer, 24 de marzo, a la administración pesquera autonómica y central, un escrito elaborado por esta Organización de Productores de Pesca de Puerto y Ria de Marin, que trasladaba una serie de peticiones en relación con la Nota Informativa emitida por a DG Mare en respuesta ante la emergencia creada por la alerta sanitaria por el Covid-19 para apoyar a los sectores de pesca y acuicultura.

ACCESO A LA NOTA

En el día de hoy se recibió contestación por parte de la Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en la que se decía lo siguiente:

«Recibimos con muchísimo interés todos los avances que desde la Comisión Europea se producen, además de haberle hecho llegar, a través de los departamentos responsables, aquellos aspectos que consideramos que sería necesario modificar para hacer frente de forma efectiva a la situación socioeconómica que encara el sector como consecuencia del COVID-19. 

Para nosotros ha supuesto una desilusión la comunicación emitida por la Comisión Europea sobre las propuestas para afrontar esta crisis, puesto que, una vez analizados por nuestra parte los aspectos que en la citada comunicación se nombran, tenemos claro que no dan respuesta, ni en tiempo ni en forma, a las necesidades expresadas.

A este respecto, hemos remitido una serie de CONSIDERACIONES GENERALES A LA PETICIÓN REMITIDA, que se podrían resumir en las siguientes:

1. Nos parece adecuado considerar la crisis del COVID19 como una situación excepcional que justifica la entrada en vigor de las ayudas de Estado por motivo de desastres naturales (artº 8 del Reglamento 508/2014 y Comunicación de la Comisión sobre Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (2015/C 217/01).

2. Entendemos como excesivo la exigencia de cumplimiento de requisitos adicionales (empresa no en crisis a 31.12.2019, concesión antes de 31 de diciembre…), habida cuenta de que precisamente son las empresas con dificultades las que pueden sufrir las peores consecuencias y la necesidad, en algunos casos, de esperar a 31 de diciembre de 2020 para cuantificar los daños.

3. En relación al sistema comercial y transformador de productos del mar, ligado a la actividad del sector marítimo-pesquero, se haría necesario:

  • Activar los mecanismos de control de precios a través de las OP, pero el estado debe ayudar con el financiamiento de esas actividades.
  • Asegurar que los precios de intervención sean precios justos, que permitan cubrir los gastos de explotación.
  • Garantizar a través de los respectivos planes de emergencia estatales que la logística y la distribución recogerán el producto a precios justos que garanticen:
    • Recuperación del precio financiado por la OP (y el Estado como garante / financiador)
    • Ausencia de precio injusto para el consumidor y precio de venta que sea proporcional al precio intervenido en origen.

4. Con carácter específico, entendemos que debería modificarse de forma inmediata la medida de paralización temporal para incluir las causadas por situación derivada de crisis de salud pública, incluyendo expresamente a todos los colectivos afectados (incluidas todas las modalidades de marisqueo a pie y otros colectivos relacionados directamente con la actividad).  En este particular de las ayudas a articular, hicimos constar de forma expresa la necesidad de extensión de ayudas al sistema transformador y auxiliar del sector marítimo-pesquero (conserva, congelado, depuración de moluscos, cocederos de marisco, etcétera) en orden a asegurar la correcta equiparación en caso de detención forzada de la actividad.

En relación con las propuestas de OPROMAR, pensamos también que la modificación de las medidas sobre la mutualidad tanto para pesca extractiva como para acuicultura, no es suficiente, puesto que parece pensada más para un futuro que para aplicar en la actualidad a los daños causados por el COVID-19, habida cuenta del escaso nivel de aseguramiento que presenta nuestro sector e incluso, los riesgos asegurados en las pólizas ya existentes.

En cuanto a la utilización de las medidas del FEMP ten por seguro que estamos tratando de aplicarlas al máximo nivel, tanto aquellas que nos citas y que se articulan a través de los GALP, como en el caso de los Planes de Producción Y Comercialización (PPYC). De hecho estamos trabajando para poder por un lado aprobar los Informes de los PPYC del año 2019, como para lanzar las órdenes de ayudas que permitan los pagos de la forma más rápida posible.

En este sentido, y en relación al nivel de intensidad de ayuda aplicado, cabe señalar que por parte de Galicia tratamos de aplicar la mayor intensidad a las ayudas por la realización de los PPYC, y en ocasiones hemos tenido que aplicar el límite del 3% de la producción. En este sentido, alcanzar una financiación del 100% exige unas condiciones que todavía no han sido modificadas y que deberían cambiarse para que entrasen la mayoría de los supuestos.

Respecto a la aprobación de ayudas estatales, es necesario trabajar de la mano con todas las Administraciones españolas e incluso con el resto de Estados Miembros, habida cuenta del ámbito global de esta crisis que, por lo tanto necesita respuestas globales y sobre todo, comunes.

Así, aunque nos parece correcto el incremento de las ayudas de minimis para la pesca y la acuicultura hasta 120.000 €, cabe señalar que esta articulación debería venir producida por una definición clara de los efectos a atender y de las condiciones para hacerlo, toda vez que el decreto del estado de alarma ha modificado las circunstancias generales de funcionamiento de todo el sector marítimo-pesquero.

En todo caso, compartimos con OPROMAR la necesidad de poder destinar los fondos no utilizados del FEMP a ayudar a la recuperación del sector, pero de hacerse desde una perspectiva más amplia que el actual marco del fondo, pues en otro caso, la respuesta no será suficiente.

Por eso, ya demandamos una modificación del FEMP que permita utilizar de forma directa los fondos disponibles y los no utilizados hasta el momento con el fin de aprovechar mejor su montante y no menoscabar más aun los fondos públicos estatales o autonómicos (entendiendo su mayor aportación a medidas de emergencia en salud pública y la concesión de ayudas directas).»

 

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